Gobierno y banca pactan ampliar las ayudas a los hipotecados en apuros para beneficiar a 100.000 familias más | Empresas

Gobierno y banca han acordado ampliar la ampliación del Código de Buenas Prácticas, tanto el permanente que está en vigor desde 2012, como el mecanismo alternativo más ambicioso que se lanzó hace un año para auxiliar a las familias en apuros por la rápida subida de los tipos de interés. Por una parte, el Ejecutivo ha presionado al sector para elevar el umbral de renta máximo con el que las familias se pueden acoger al protocolo hasta los 37.800 euros (antes estaba en 29.400 euros). Con este nuevo límite, se prevé que esta red de seguridad protegerá a unos 100.000 hogares más, según los cálculos del Banco de España.

Además, el nuevo texto incluye la prórroga durante el próximo ejercicio de la gratuidad de las comisiones por amortización anticipada, así como por la conversión de hipotecas de tipo fijo a tipo variable y a tipo mixto, que ahora se recoge de forma explícita en la norma (hasta ahora solo hacía referencia al tipo fijo). “Es una medida que se ha usado mucho en este año, por eso vamos a ampliarla a 2024″, ha incidido este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en una rueda de prensa posterior al encuentro. Esta medida se introdujo en una disposición adicional del protocolo permanente, aunque su vigencia estaba limitada solo a este año.

Los trabajos técnicos sobre estos cambios se alargaron durante la semana pasada, con la intención de llegar a la reunión del lunes con todos los flecos cerrados. Economía había acelerado, ya que quería dejar este asunto zanjado antes de la salida de la vicepresidenta al Banco Europeo de Inversiones (BEI). De esta forma, el Ejecutivo allana el camino para normalizar la relación con el sector financiero y el próximo ministro del ramo tendrá cerrado este asunto. Eso sí, tendrá otra patata caliente sobre qué hacer con el impuesto extraordinario a la banca más allá de 2024, cuando finalice el periodo temporal del mismo.

En el encuentro han estado el Ministerio de Economía, Banco de España, patronales bancarias y asociaciones de usuarios financieros, en una cita en la que según las partes ha sido muy cordial y constructiva. Eso no supone que no haya habido diferencias, que las sigue habiendo. Por ejemplo, las patronales consideran estéril el aumento del umbral de renta, aunque finalmente lo han aceptado. “No consideramos estrictamente necesaria la subida del umbral de renta por la evolución de la economía. Lo importante es que cuando los clientes tienen un problema van a tener alguna alternativa, ya sea con los códigos de buenas prácticas o por lo que le ofrezca su entidad”, ha explicado María Abascal, directora general de la AEB, en una rueda de prensa posterior al encuentro.

Desde las patronales, además, han mandado un aviso al Gobierno y al próximo ministro de Economía: “Es importante que este código no tenga más modificaciones en lo que le queda de vigencia”. Es decir, reclaman estabilidad para estos protocolos y que no se modifique más en los próximos meses. Una petición que chocará con las tensiones internas del Ejecutivo, como se ha puesto de manifiesto en los últimos días con la prórroga de la tasa temporal. Esta polémica saltó tras unas declaraciones de Calviño la semana pasada, cuando avanzó que la tasa al sector se revisaría, al igual que se hará con las energéticas, “teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado”.

Sin embargo, este lunes ha dado un paso atrás. “Mis palabras han sido las mismas desde el primer día y están alineadas con lo que se prevé en los textos legales aplicables y en el acuerdo de gobierno. No hay ninguna novedad”, ha repetido en diversas ocasiones Calviño al ser preguntada por la prensa. Es decir, rebaja las expectativas al sector y lima diferencias con Sumar, socio en el Ejecutivo. De hecho, tras esas palabras de la semana pasada, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar advirtió de que el pacto entre su formación y el PSOE para el Gobierno de coalición recoge, en cualquier caso, el mantenimiento del tributo. Esto es, no su eliminación o alivio, sino su alargue.

Ampliación preventiva

De esta forma, los protocolos de ayuda se amplían de forma preventiva por si la economía se tuerce en el próximo año. Los hogares que cumplan las condiciones se podrán beneficiar de la congelación del tipo de interés durante 12 meses, la extensión del plazo de amortización de hasta siete años y, para los hogares con rentas de hasta 25.200 euros (los del código en vigor desde hace una década), se ha añadido la posibilidad de dos años de carencia. “El Gobierno ha tratado siempre de anticiparse a los posibles riesgos y por eso lo ampliamos ahora”, ha incidido Calviño.

Sobre el impacto de estos cambios, la vicepresidenta ha asegurado que podrá llegar a unos 100.000 hogares más, según los datos del Banco de España. Es decir, esta vez el Ejecutivo ha sido más comedido en sus previsiones (en el anunció de hace un año calculó que los posibles beneficiarios serían alrededor de un millón de hogares). Pese al baile de cifras, la Calviño ha matizado que lo importante no es el número de familias que se acojan, sino que exista la red de seguridad. “Los niveles medios de renta, hasta el entorno de los 38.000 euros, son los que más se están viendo afectados por la subida de los tipos de interés, ya que son los que tienen más hipotecas y las tienen a tipo variable”, ha dicho.

Atención a los mayores y zonas rurales

En la reunión también se han abordado otras cuestiones, como los protocolos para mejorar la atención a los mayores y la lucha contra la exclusión financiera de la España rural. En ambos aspectos, Gobierno y sector han celebrado los avances hechos. “Había preocupación por el cobro al retiro en efectivo de sus propias cuentas y nos consta que las entidades están eliminando estas comisiones. De aquí a final de año vamos a adaptar un cambio legal por las comisiones de retirada de efectivo a las personas mayores”, ha asegurado Calviño. Este cambio eliminará estos cobros, que no eran generalizados pero sí que existían, para los mayores de 65 años. “Las pocas entidades que lo cobraban ya lo han retirado”, ha confirmado Abascal, de la AEB.

Por otra parte, sobre el avance en la prestación de servicios financieros en la España rural, la banca ha llegado a más de 200 nuevos municipios de más de 500 habitantes donde no había servicios físicos. Esto es, el 93% de lo previsto. “Hemos frenado la tendencia de pérdida y el deterioro de los servicios financieros en el ámbito rural”, ha resaltado la vicepresidenta, que ha remarcado que se seguirá trabajando en esta dirección.

Por último, Calviño ha vuelto a dar un tirón de orejas sobre la remuneración de los depósitos. “Hemos constatado que se ha mejorado, pero instamos a la banca a cerrar el gap que existe con respecto a Europa”. Y ha pedido que vaya todo lo más rápido posible en el reinicio de la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. “Confío en que sea muy rápido para que en 2024 ya esté en funcionamiento esta autoridad”, ha zanjado la todavía ministra de Economía.

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