El grupo jurídico de la letrada Odila Castillo publicó una firme declaración el martes 1 de octubre, desmintiendo las afirmaciones que han circulado últimamente en varios medios de comunicación de Panamá.
La defensa describió estas divulgaciones como ofensivas con mala intención, impulsadas por intereses económicos específicos y destinadas a perjudicar tanto la reputación profesional como la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene carencia de base y transgresión de derechos
Carlos Carrillo, integrante del equipo jurídico de Castillo, expresó que las acusaciones no tienen fundamento y intentan obstaculizar la trayectoria de la joven abogada y su socia. Afirmó que tras estos asaltos se ocultan intereses económicos encubiertos que buscan sacar provecho del desprestigio de Castillo.
La defensa recalcó que este no es el primer ataque mediático que enfrenta la abogada. Recordaron un incidente similar ocurrido en 2021, donde un medio panameño publicó información errónea sobre una supuesta detención de Castillo, noticia que fue desmentida posteriormente.
Medias verdades y vulneración de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones presentes como las de 2021 se fundamentan en «verdades incompletas», distorsionadas con el fin de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Además, denunciaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, puesto que parte de la investigación proviene de un proceso familiar ya cerrado.
Asimismo, se compartieron datos delicados como movimientos migratorios y declaraciones de impuestos, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilegal.
Monitoreo ilegal y procedimientos legales en proceso
La defensa informó que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente infracción a su privacidad y una forma de monitoreo ilegal. Carrillo declaró que se han violado los derechos fundamentales de su clienta, asegurados por la Constitución y las normas panameñas.
Anunció que se tomarán todas las medidas legales requeridas para establecer la responsabilidad por los daños ocasionados y aquellos que se busquen infligir. El equipo jurídico se mantiene decidido en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la justicia a quienes son responsables de esta campaña de desprestigio.
